Fundada en 1994 en Temuco y con presencia desde 1997 en Ñuñoa, Santiago, la empresa fue pionera en la venta y producción de cerveza artesanal en Chile, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de consumidores.
Tras más de tres décadas de actividad, la compañía solicitó formalmente su quiebra, acogida al procedimiento de liquidación establecido por la legislación vigente.
Causas que llevaron a la quiebra
Las razones que explican este desenlace se encuentran en una combinación de factores que se agudizaron en los últimos años.
Durante el periodo previo a la pandemia, la empresa proyectaba un crecimiento sostenido en ventas, pero el cierre de sus locales durante ocho meses en 2020 por el COVID-19 generó un quiebre drástico en sus ingresos.
Para sostener la operación, la compañía contrajo nuevas deudas y reprogramó créditos, pero las altas tasas de interés y la extensión de la crisis sanitaria provocaron un peso financiero difícil de sobrellevar.
Con la reapertura, HBH Pío Nono enfrentó un panorama adverso: menor concurrencia de clientes, cambios en las tendencias de consumo y una percepción de inseguridad en la zona de Ñuñoa que redujo la fidelidad de su clientela.
Paralelamente, los costos de insumos y materias primas aumentaron de manera sostenida, en algunos casos hasta un 40 %, lo que elevó los gastos operativos.
Aunque se intentó trasladar parte de estas alzas a los precios, el mercado mostró un límite claro, dejando a la empresa atrapada entre mayores costos y menores ingresos.
El marco legal de la liquidación voluntaria
La solicitud de HBH Pío Nono se enmarca en la Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, vigente desde 2014.
Esta normativa regula los procesos concursales en Chile, permitiendo a las empresas viables reorganizar sus deudas y a aquellas que no pueden sostenerse, como en este caso, optar por la liquidación.
La liquidación voluntaria es el mecanismo por el cual la propia empresa solicita al tribunal competente el cese ordenado de sus actividades y la venta de sus activos para pagar a sus acreedores.
El procedimiento contempla la designación de un liquidador, la publicación de la situación en el Boletín Concursal y la verificación de créditos, garantizando un trato equitativo entre acreedores y el cumplimiento de las obligaciones laborales y tributarias pendientes.
¿Qué sucede con trabajadores y acreedores?
El proceso de liquidación tendrá un impacto directo en los empleados de la compañía, quienes deberán esperar que se resuelvan las deudas laborales dentro del orden de prelación legal.
Los acreedores, por su parte, serán convocados a verificar sus créditos para poder ser considerados en el reparto de los activos liquidados.
La ley establece un orden de pago que prioriza las remuneraciones y cotizaciones previsionales, seguido de las obligaciones tributarias y luego las deudas comerciales y bancarias.
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